La semana pasada, dos acontecimientos aparentemente independientes entre sí, como fueron por un lado la declaración del "estado de emergencia interna y emergencia económica" por parte del gobierno colombiano, y por el otro el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que iba a revisar la licencia otorgada a Chevron para operar en Venezuela, sugirieron que se avecina una confrontación entre Washington y Caracas.
No es ningún secreto que la seguridad física y económica de Estados Unidos depende de la seguridad del Hemisferio Occidental, ni que Washington ha estado repensando su forma de vincularse con la región. Desde el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos ha adoptado aquí una actitud comparativamente pasiva. De hecho, los asuntos del Hemisferio Occidental, salvo lo concerniente a México y Canadá, tienden a quedar en un segundo plano frente a los problemas relativos a Europa, Rusia y Asia. Pero amenazas como las que se cree que Venezuela podría plantear han persuadido a Washington a ser más intervencionista.
En la estimación de Washington, las amenazas son triples. En primer lugar, la corrupción y el declive económico bajo el régimen de Maduro hicieron que Venezuela fuera territorio propicio para actividades delictivas ilícitas como el tráfico de drogas y armas o la minería ilegal. En segundo lugar, dado que lo anterior obligó a muchos venezolanos a huir del país en busca de mejores condiciones, Venezuela se convirtió en un flujo de inmigración irregular hacia Estados Unidos. Y en tercer lugar, dado el alineamiento del gobierno de Maduro con China, Rusia e Irán, estos tres países lograron un punto de apoyo en las Américas a cambio de apoyo político y económico a Caracas.
Esto ayuda a explicar por qué algunas de las primeras acciones del presidente Donald Trump estuvieron dirigidas "al barrio". Apenas asumió el cargo, Trump declaró que Estados Unidos ya no necesitaría petróleo venezolano, y que pronto podría dejar de comprarlo. También firmó una orden ejecutiva (el equivalente en Estados Unidos a los decretos presidenciales) que derogó el programa de libertad condicional humanitaria CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), que permitía ingresar legalmente a Estados Unidos a unos 30.000 venezolanos por mes, y quedarse hasta dos años. Y, a través del secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno estadounidense reconoció oficialmente al líder de la oposición venezolana Edmundo González como presidente democráticamente electo del país. El enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Richard Grenell, ya ha hablado con funcionarios tanto de Maduro como de González.
El objetivo final de Estados Unidos es un cambio de régimen en Venezuela, y la señal más reveladora en ese sentido fue la sugerencia de Rubio de que hay que revisar las políticas estadounidenses con respecto a Chevron. Esta empresa estadounidense tiene una licencia especial para producir y exportar petróleo desde Venezuela en asociación con la empresa estatal venezolana PDVSA. Dicha licencia pretendía lograr dos objetivos: brindar un incentivo positivo para que haya elecciones libres y justas en Venezuela, y permitir a Chevron cobrar deudas sin tener que contribuir con impuestos o regalías al gobierno de Caracas. La empresa esperaba recuperar 750 millones de dólares en deudas y dividendos impagos para fines de 2024 y el resto de los 3.000 millones de dólares pendientes para fines de este año; no logró su primer objetivo, lo que en última instancia le dio a Rubio motivos para decir que Caracas no cumplió con su parte del trato..
Una eventual revocación de la licencia de Chevron permitiría a Estados Unidos atacar la industria petrolera venezolana y socavar el régimen, dejándolo sin mucha capacidad de reacción. Reduciría simultáneamente las importaciones estadounidenses de Venezuela y la producción petrolera venezolana, todo lo cual impactaría mucho más en Caracas que en Washington. Aunque Venezuela suministra a Estados Unidos un tipo de crudo pesado que tiene proveedores alternativos limitados (a saber, México, Colombia y Ecuador), su participación total en las importaciones estadounidenses de petróleo crudo y productos relacionados fue de apenas un 1,5 por ciento. Los analistas de mercados de commodities estiman que eliminar a Chevron de la ecuación haría caer la producción en hasta 830.000 barriles por día este año. En teoría, Venezuela podría reemplazar a Chevron con otro operador diferente, pero incluso si lo hiciera, seguiría teniendo dificultades para encontrar compradores. La rusa Rosneft tiene poco interés en invertir más en Venezuela, la China National Petroleum Corp. ya no está tan bullish con este país, y la filial venezolana de la empresa estadounidense North American Blue Energy Partners tiene un dudoso historial de negocios, que incluye no pagar por servicios contratados. Asimismo, la eventual derogación de la licencia de Chevron no implicaría ninguna acción militar, lo que pondría en peligro las relaciones de Estados Unidos en todo el hemisferio.
Frente a un escenario así, Venezuela no podría hacer mucho al respecto, al menos directamente. Por lo que, a modo de respuesta estratégica, probablemente recurriría a grupos proxy como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia. El régimen de Maduro es conocido por apoyar actividades de mercado negro como medio para generar ingresos y recursos adicionales. Una de las figuras más importantes de estas actividades es Diosdado Cabello, quien controla las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y el aparato de inteligencia del país. Bajo su supervisión, los militares han permitido que soldados venezolanos participen o supervisen las actividades ilícitas para complementar sus propios ingresos, y así ganarse su lealtad. Los cuerpos de seguridad venezolanos tienen estrechos vínculos con los grupos del crimen organizado, lo que les permite a estos últimos cruzar las fronteras para comerciar, encontrar un refugio en Venezuela y realizar actividades ilegales a cambio de compensaciones económicas. El ELN se ha beneficiado de este acuerdo, y actualmente cuenta con una fuerte presencia tanto en Colombia como en Venezuela y ha acumulado importantes recursos financieros mediante la minería ilegal, el tráfico de drogas, la extorsión y el contrabando.
A través de sus vínculos con el ELN, Venezuela puede presionar al gobierno colombiano y crearle problemas a Estados Unidos. Probablemente no sea coincidencia que los recientes ataques del ELN en la provincia colombiana de Catatumbo se produjeran justo cuando Washington intensificaba su retórica contra Venezuela. De hecho, el impulso de los ataques se remonta al mes de noviembre, poco después de las elecciones presidenciales estadounidenses, cuando desapareció allí un importante cargamento de cocaína -circularon rumores de que el cargamento estaba vinculado al régimen. El incidente desencadenó una división entre el ELN y el ex Frente 33 de las FARC en el Catatumbo. Un episodio más reciente de enfrentamientos se produjo días después de que el gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro interrumpiera las conversaciones de paz con el ELN, acusando al grupo de intentar controlar las zonas productoras de coca. Los combates fueron lo suficientemente graves como para que el gobierno colombiano declarara el estado de emergencia en la provincia.
Esta sucesión de acontecimientos fue funcional a los intereses de Maduro. La violencia ayudó a justificar la ejecución de los ejercicios militares conjuntos de las fuerzas armadas venezolanas denominados Escudo Bolivariano de Defensa. Estos ejercicios, que comenzaron el pasado 22 de enero e incluyeron el despliegue de unos 2.000 soldados adicionales en la frontera, permiten a Venezuela posicionarse directamente contra Colombia y brindar apoyo a los combatientes del ELN en su enfrentamiento con grupos rivales. Y aunque la mayoría de los colombianos afectados por los combates del ELN huyeron a otras partes del país, unos 1.000 optaron por escapar a Venezuela, lo que le dio a Caracas la oportunidad política de brindar asistencia humanitaria a quienes no podían obtenerla en Colombia.
Para Colombia, esto tiene muchas consecuencias. Por un lado, quedó demostrado que Venezuela puede crear inestabilidad dentro de sus fronteras. Después de la violencia en el Catatumbo, el ministro del Interior admitió que el gobierno no podría lograr su iniciativa de "Paz Total", lo que constituye un golpe contundente para la administración de Petro. Los vínculos del ELN con Caracas lo protegen de las represalias militares colombianas. Y todo el episodio se produjo cuando Washington emitió una suspensión de 90 días de la ayuda internacional, junto con promesas de Estados Unidos de aplicar aranceles y sanciones contra Colombia por rechazar dos aviones que transportaban personas deportadas desde los Estados Unidos.
De estos acontecimientos se desprenden algunas conclusiones clave. La primera es que Maduro parece estar tratando de recuperar propiedades e instalaciones utilizadas por los narcotraficantes. La segunda es que Maduro tiene en el ELN un grupo auxiliar con el que puede reforzar sus propias fuerzas de seguridad y, en mayor o menos medida, crear problemas afuera cuando sea necesario. La tercera es que Colombia, el país del que depende Estados Unidos para poder incursionar en Venezuela, soporta una carga cada vez mayor de migración irregular venezolana. Y finalmente, que la relación entre el ELN y el régimen de Maduro hace que las conversaciones entre Caracas y Washington sean prácticamente imposibles. Cabello es una figura fundamental en la relación entre el ELN y Maduro, y su papel en el pasado en cuestiones de lavado de dinero, tráfico de drogas y abusos de poder significa que no puede ser incluido en ningún acuerdo político que otorgue amnistía a los líderes a cambio de renunciar al poder. Por lo tanto, subsiste una fuerza poderosa dentro del gobierno venezolano que va a bloquear los intentos de diálogo y resolución política.
Está claro que Estados Unidos y el régimen de Maduro van al choque, y pronto. Pero esto no se desarrollará solamente en el plano bilateral.
